Hace pocos días el presidente Al????????????to Fernández anunció la compra de 25 millones de dosis de la llamada vacuna rusa Sputnick V, de las cuales 10 millones llegarían a mediados de diciembre próximo.

Más allá de querer ser crítico de esta vacuna –lo cual no es la intención–, como médico quedé sorprendido por tal anuncio.

La vacuna rusa, al igual que otras diez vacunas más a nivel mundial, se encuentra en fase 3 de su desarrollo. Y los estudios en seres humanos de finales de fase 3 comenzaron a mediados de septiembre, con un plazo mínimo de 180 días donde, según datos del centro Gamaleya, se realizarán estudios a doble ciego sobre una población de 40.000 voluntarios.

Estos resultados de fase 3 tardarán entre seis meses y dos años hasta obtener resultados definitivos.

Por lo tanto, es prácticamente imposible que en diciembre se apliquen en forma obligatoria las 10 millones de dosis, ya que es una vacuna en desarrollo.

Aplicar una vacuna en estas condiciones, en forma obligatoria, va en contra de todas las normas éticas y de todos los tratados y convenios firmados por nuestra Nación. Es más, es anticonstitucional.

Se vulnera el tratado de Helsinki, que da marco a través de la Asociación Médica Mundial a la investigación en seres humanos.

Dicho tratado toma como puntos principales el consentimiento informado y tener presente siempre que el cuidado y el valor de la vida humana es lo primordial.

Aplicar esta o cualquiera de las otras nueve vacunas que están en fase 3 en forma obligatoria, es un atropello a los derechos individuales de las personas y pone en riesgo la salud de la población, ya que aún no hay evidencia de los efectos indeseables de esta vacuna.

Ojalá estos anuncios no sean una reacción espasmódica a la realidad sanitaria que atravesamos en nuestro país.

Esta situación no se resuelve con medidas apresuradas sin el sustento científico y la seguridad para la población.