El Poder Ejecutivo de la provincia de Salta oficializó una ley que obliga a los conductores, que bajo efectos de alcohol o drogas provoquen accidentes de tránsito, a pagar el costo de la atención médica que les brinden los centros del sistema de salud pública local.

La norma había sido sancionada por la Legislatura provincial, tras un proyecto de ley enviado por el gobernador Gustavo Sáenz. El Ejecutivo salteño, por su parte, publicó en el Boletín Oficial la promulgación de la ley N° 8.477, que facultó al Ministerio de Salud provincial a cobrar 'las prestaciones de salud, medicamentos, prótesis y órtesis' que el sistema de salud pública local brinde al conductor irresponsable.

La ley, en su artículo primero, establece que 'quienes demuestren estado de insolvencia deberán cancelar la obligación mediante servicios comunitarios de conformidad a lo que determine la reglamentación'. Al promover la ley, el Ejecutivo provincial planteó que su sanción era necesaria para mitigar la inseguridad vial.

Además, adujo que la atención de los servicios de salud pública por los choques es muy costosa. Consideró necesario reducir el esfuerzo de los contribuyentes que, con el pago de impuestos, coadyuvan a mantener el servicio de salud provincial.