La Legislatura de Tucumán aprobó un proyecto de ley que busca combatir a los motochorros. La iniciativa, que tuvo un amplio apoyo del oficialismo, establece entre varias cosas, restricciones en la circulación de motocicletas. Por ejemplo, no podrán circular dos personas mayores de edad en un solo rodado de este tipo durante 24 horas en todo el territorio provincial, salvo que tengan un permiso oficial o por razones de fuerza mayor.

El nuevo plan de seguridad contó con el aval del gobierno provincial y del Ministerio Público Fiscal (MPF). Para las excepciones, se tomarán en cuenta situaciones laborales o ciertas situaciones como problemas de salud. En esos casos, la Policía otorgará permisos para el traslado en el rodado, según los casos particulares. Según el el vicepresidente primero de la Legislatura Gerónimo Vargas Aignasse (Justicialista de Todos) comenzarán con '40 controles viales cada ocho horas'.

'Estimamos que en una primera etapa el delito se reducirá un 30 por ciento. En los primeros 30 días vamos a notar el cambio', afirmó el legislador, quien sostuvo que la moto 'se convirtió en una herramienta que está al servicio de delincuentes que roban y matan'. El proyecto fue aprobado con el voto de la mayoría peronista, con el apoyo de Fuerza Republicana: obtuvo 36 votos a favor y 6 en contra. En el Ministerio Público señalaron que esta nueva ley representa la continuidad del plan 'Nadie en las calles', que apunta a la persecución penal en el territorio tucumano. 'Se trata de un diseño estratégico, impulsado por el ministro Edumundo Jiménez, que cuenta con información de calidad surgida de la denuncia digital y del sistema Analytic', indicó Tomás Robert, secretario judicial, al diario La Gaceta de Tucumán.

Entre otras disposiciones, la policía puede proceder a secuestrar una moto cuando 'no tenga la placa de dominio identificatoria o colocada de forma tal que se impida o dificulte su visualización'. También si porta la numeración adulterada o que no corresponda con la unidad. La policía otorgará un permiso de seis meses, en el que se identificará al conductor y al acompañante. En caso de una urgencia, la autorización se decidirá durante el control. Se desplegarán 120 controles diarios en el Gran San Miguel de Tucumán. Los lugares se establecerán de acuerdo con las estadísticas del MPF y la Policía. Las fuerzas federales aportarán 150 efectivos para controlar mientras que la policía tucumana dispondrá de 500 uniformados. Paralelamente, los policías circularán por las adyacencias donde se encuentren los retenes para evitar posibles fugas.

Se secuestrarán los rodados a las personas que no usen casco, no tengan chapa patente, licencia de conducir y documentación del motocicleta. En caso de que el conductor no presente el carnet de conducir o 'se encuentre bajo los efectos de sustancias alucinógenas o etílicas'. Los infractores podrán recuperar los rodados después de abonar una multa. Las motos que se secuestren serán llevadas al depósito que tiene la Policía. Al principio se otorgarán 10 días serán de concientización a los motociclistas para que regularicen su situación y no se realizarán secuestros por infracciones y se habilitará una línea telefónica para recibir denuncias por abusos que pueda cometer el personal que realice los operativos.

La nueva ley fue duramente criticada por la oposición. El interbloque 'Vamos Tucumán', compuesto por seis legisladores, explicaron las razones por las que no apoyaron la norma. 'Traslada un manto de sospechas sobre las personas por el solo hecho de utilizar este medio de transporte', aseguraron en un comunicado. 'No acompañamos la iniciativa del oficialismo que busca restringir la circulación en motovehículos en la provincia, ya que consideramos que se trata de una distracción ante la inoperancia de las autoridades provinciales para resolver la inseguridad que reina en Tucumán', señalaron.

'Bajo el título de ser una ley contra los motoarrebatos, lo único que se regula son limitaciones para circular en motos de particulares, trasladando un manto de sospechas sobre las personas por el solo hecho de utilizar este medio de transporte. Los directamente afectados serán los tucumanos que diariamente usan las motos para poder trasladarse a sus trabajos, a los hospitales o a visitar a su familia, y que ahora deberán tramitar permisos especiales para poder circular y llevar su vida normalmente', agregaron. El comunicado llevó la firma de los legisladores José María Canelada, Walter Berarducci, Raúl Pellegrini, Federico Masso, Raúl Albarracín y José Ricardo Ascárate.