Cuando la municipalidad de Puerto Madryn impulsó el 'impuesto al viento', las operadoras de energía eólica creyeron que se trataba de una medida que no iba a prosperar. También confiaban que el Gobierno provincial iba a impedir su aplicación. Pero Madryn comenzó a mandar facturas a las empresas con el impuesto a pagar, incluso con retroactivos a septiembre de 2018. Y dice que las operadoras en ese municipio ya le deben más de $ 181 millones.

Genneia y PAE presentaron una acción declarativa, en la que se pide que la justicia analice el fondo del asunto, y resuelve la inconstitucionalidad, según las empresas. En este caso, sobre el intento municipal de poner una tasa sobre la actividad de generación eléctrica de fuente renovable. Pero también se pide una cautelar para que el municipio no intime más a las empresas y las persiga para cobrarles la tasa.

En 2021, el municipio de Puerto Madryn amplió su ejido urbano para alcanzar a los parques eólicos y gravarlos, incluso retroactivamente, con una tasa por habilitación, inspección, seguridad e higiene y control ambiental. 'Ante las intimaciones recibidas del municipio de Puerto Madryn, las empresas piden se declare la inconstitucionalidad del llamado impuesto al viento', expresa la presentación.