Un escándalo mayúsculo sacude la política salteña. La Justicia inició en las últimas horas una investigación para determinar si funcionarios públicos de esa provincia accedieron al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), destinado a ayudar a los más vulnerables durante la cuarentena.

Este viernes, la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos en feria, Verónica Simesen de Bielke, dispuso la apertura de una causa de oficio para determinar si los hechos denunciados a través de publicaciones periodísticas tienen características ilícitas.

Según indicó este jueves la radio FM Noticias, unos 52 concejales, un diputado y un intendente de distintos partidos políticos y de 32 municipios se anotaron al IFE, aunque no todos cobraron los 10 mil pesos.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, la fiscal abrió la causa que se basa en el artículo 241 del Código Procesal Penal, el que establece que "conocida la noticia críminis, recibida la denuncia o iniciadas las actuaciones de prevención, la o el Fiscal practicará una averiguación preliminar para determinar las circunstancias del hecho".

En diálogo con TN, el concejal de Orán Lucás Tévez -que no figura en la lista- habló de una "maniobra política de desprestigio" y sostuvo que "cualquiera puede inscribir a otra en el IFE".

El ingreso de Emergencia está destinado a trabajadores formales, informales y monotributistas, entre 18 y 65 años, que tuvieron problemas de empleo por el coronavirus y la consiguiente cuarentena obligatoria iniciada en marzo. Los empleados estatales quedan excluidos.

Como toda medida de carácter excepcional, y según el Ministerio Público Fiscal salteño, para el acceso al mismo, se establecieron requisitos tales como contar con foto del documento nacional de identidad, datos de contacto (correo electrónico); CUIL y Clave de la Seguridad Social y recién a partir de allí, una vez reunidos tales requisitos, se podía ingresar a la solicitud del beneficio.

Unos 9 millones de personas cobran el IFE en todo el país. En Salta, son 322.416 los beneficiarios, aproximadamente un 25% de la población total de la provincia.