El fiscal federal Diego Luciani terminará mañana sus alegatos en el juicio oral por la obra pública y pedirá que Cristina Kirchner sea condenada. Además de una pena de prisión, Luciani solicitará que la Vicepresidenta sea condenada a no poder ejercer cargos públicos de por vida: inhabilitación perpetua. El planteo no será una postura personal del fiscal, sino una consecuencia legal del Código Penal.

El Código Penal contiene todos los hechos que para la ley son delitos, como los homicidios, los robos, las estafas, los secuestros, los actos de corrupción. Y para cada delito prevé una pena. Las penas pueden ser de prisión, de multa, de prisión y multa y también de inhabilitación, según el delito.

Los fiscales Luciani y Sergio Mola señalaron el viernes en su octava audiencia de alegatos que a su criterio está probado que Cristina Kirchner cometió dos delitos: fue la jefa de una asociación ilícita que desde su gobierno y el de Néstor Kirchner pergeño un armado ilegal para que el empresario Lázaro Báez reciba obra pública para Santa Cruz durante 12 años que en gran parte no terminó pero que cobró de manera completa con sobreprecios e incumpliendo normativas, y que así también se defraudó al Estado nacional.

El delito de fraude en perjuicio de alguna administración pública está contemplado en el artículo 174 del Código Penal y prevé una pena de dos a seis años de prisión. Pero también establece que 'el culpable, si fuere funcionario o empleado público, sufrirá además inhabilitación especial perpetua'. Así, si el fiscal entiende que se cometió ese delito no puede evitar pedir en su condena la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La pena de prisión puede variar entre la escala de años que tiene cada delito, en el caso de Cristina Kirchner los de asociación ilícita (de cinco a diez años para los jefes) y fraude en perjuicio de alguna administración pública.

Así, la expectativa para mañana estará en cuántos años de prisión la Fiscalía pedirá para Cristina. Puede ir de los 7 a los 16 años de prisión, sumando los mínimos y los máximos de cada delito. En lo que no hay duda es que solicitará que la vicepresidenta no puede ejercer más cargos públicos.

Dos de los acusados en el juicio, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, ya tienen condena de inhabilitación. De Vido fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por la tragedia ferroviaria de Once y López recibió la pena seis años de prisión y la imposibilidad de volver a la función pública por los bolsos con los nueve millones de pesos. Ambas condenas fueron confirmadas por la Cámara Federal de Casación Penal y se encuentran en revisión en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo que no están firmes.