El Gobierno definió este lunes por la noche la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que regresará al modelo kirchnerista y que fue modificado durante el Gobierno de Mauricio Macri. Tal como sucedió entre 2008 y 2017, el ajuste será por salarios y recaudación, pero en este caso la proporción será igual entre ambas variables para no aumentar el déficit fiscal.

La decisión se adoptó horas antes de la llegada de una nueva misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que busca que la Argentina normalice sus variables económicas, desacelere el gasto, y reduzca el déficit fiscal.

La nueva fórmula acordada la anunció el Frente de Todos tras una reunión en el Ministerio de Economía encabezada por Martín Guzmán, en la que se definió la movilidad previsional que el Poder Ejecutivo pondrá a consideración de la Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional.

Según este nuevo esquema, sus elementos constitutivos básicos serán los salarios y la recaudación, en un 50% cada uno, y de esta manera será sustancialmente la misma a la sancionada en 2008, aunque en ese entonces la proporción daba mayor preponderancia a los salarios, con el 70%. En este caso, la propuesta es utilizar RIPTE, un índice que 'se construye sobre la base de registros, de trabajadores formales y sobre remuneraciones ciertas' y que el oficialismo sostiene que es 'transparente" y "no ha sido objetado judicial ni políticamente', según remarcó la coalición política gobernante a través de un comunicado.

La fórmula kirchnerista había sido derogada durante la gestión de Macri y había pasado a una que mezclaba inflación y salarios. Esta indexación por inflación quedó sin efecto en diciembre de 2019 cuando el presidente Alberto Fernández la suspendió para pasar a aumentos por decreto hasta tanto se defina la nueva propuesta. En el medio, la pandemia de coronavirus demoró las decisiones.

Según el Frente de Todos, esa metodología usada durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner 'resultó en una mejora sostenida en el poder adquisitivo de los jubilados y jubiladas hasta el año 2015' y estiman que 'a diferencia de la sancionada en 2017, generará un incremento del poder adquisitivo de los haberes; gracias al aumento del salario real y de los recursos de ANSES'.

Sostienen que 'una fórmula atada a la inflación no es deseable en la Argentina, porque los ingresos de las jubiladas y los jubilados han perdido poder adquisitivo y el objetivo político es recomponer esos ingresos'.