El gobierno de Alberto Fernandez pagó a los bonistas con reservas internacionales cerca de 250 millones de dolares el día 31/3.

Se trata de dos cupones de intereses. Uno por 224 millones del bono Par que fue emitido tras el canje para pagar la deuda que había sido defaulteada en 2001, y el resto corresponde a Letes que habían sido reperfiladas por el gobierno de Macri.

La suma de los montos es equiparable a la compra de 25.000 respiradores artificiales que podrían reforzar el sistema sanitario en crisis; y es 14 veces lo asignado por el gobierno como partida especial para salud en marzo.

Todo este esfuerzo para evitar el default -que se complementa con aproximadamente 150.000 millones de pesos pagados a los acreedores de la deuda local desde que comenzó el año- podría sin embargo no ser suficiente para evitar una cesación de pagos. La fecha crítica que se avizora ahora es el 22 de abril, cuando vencen otros 500 millones de dólares.

El FMI no admitió ninguna quita.  Y los bonistas tampoco quieren ceder nada como demostraron con Kicillof en la provincia. La realidad es que no teníamos posibilidad de pagar antes, mucho menos ahora con la crisis generada por la pandemia: se preveen bajas del PBI argentino de un 6.7%, bajará aún más la recaudación por parate de la actividad. En contraste, se empiezan a ver casos de faltantes de insumos en los hospitales y contagios de trabajadores de salud a raíz de ello.

El aumento de la crisis alimenticia, la gente sin ningún ingreso y al no llegar suficiente a los comedores pasa hambre ayer. Los barrios más carenciados que ya sufrían epidemias como la del dengue no poseen acceso al agua potable, las cloacas y los servicios básicos. Tampoco hay elementos de higiene gratiutos distribuidos para quienes no pueden adquirirlos.

Pero también pagaron cuando los casos de contagio ya superan los 1100 y los fallecidos suman 33. Por eso desde el Partido Obrero en FIT-U planteamos la investigación y el no pago de la deuda ilegitima y fraudulenta. Pagarla en este contexto es un crimen contra la salud y los derechos sociales de la población.

Utilizar todo ese dinero para volcarlo al refuerzo del sistema de salud y a la implementación medidas sociales más profundas: subsidios de emergencia de $30.000 para los trabajadores en negro, autónomos y desocupados.

Que se vuelque ese dinero al reparto de alimentos para quien lo necesite; para el reparto gratuito de elementos de higiene en los barrios más necesitados. Que ese dinero sirva para solventar un plan de obras públicas para volver a arrancar la economía y dar trabajo genuino, a un plan masivo de viviendas en el mismo sentido y solucionar la grave crisis habitacional; para brindar servicios básicos a todos los barrios del país.

El dinero está, pero se usa para pagarle a usureros internacionales y no para el pueblo que sigue sufriendo el hambre y la pandemia.

Partido Obrero Chacabuco