El Senado convirtió en ley el proyecto de cupo laboral para travestis trans. Fue por 55 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones. La iniciativa establece, entre otros puntos, que el Estado deberá tener al menos el 1% de los empleados y empleadas en todas las formas de contratos vigentes. La norma lleva el nombre 'Diana Sacayán-Lohana Berkins'. Es en honor a las principales impulsoras de propuestas que se traducen en mejores condiciones de vida para los integrantes de esa comunidad.

El mínimo del 1% corre para los cargos en organismos de los tres poderes del Estado, entes públicos no estatales, organismos descentralizados o autárquicos y empresas y sociedades del Estado. La iniciativa establece además que 'a los efectos de garantizar la igualdad real de oportunidades, el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo'.

También determina que se entiende por 'personas travestis, transexuales y transgénero a todas aquellas que se autoperciben con una identidad de género que no se corresponde con el sexo asignado al nacer'.

Otro de los puntos de la norma aprobada indica que 'los organismos comprendidos en la presente ley deben promover acciones tendientes a la sensibilización con perspectiva de género y de diversidad sexual en los ámbitos laborales, con el fin de una efectiva integración de las personas travestis, transexuales y transgénero en los puestos de trabajo'.

La ley también contempla que las 'contribuciones patronales que se generan por la contratación de las personas beneficiarias de la presente ley podrán tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales' y ese beneficio se extiende a un año y a dos en el caso de las pequeñas empresas.

'Es una ley que viene a compensar un poco tanto dolor, tanto desamparo sufrido en tantas décadas, tantas vidas truncas. Tenemos la oportunidad de revertir una realidad de discriminación y violencia que somete a las personas travestis, transexuales y transgénero', dijo la senadora Norma Durango (Frente de Todos), encargada de presentar el texto de la norma.

'Cuando se trata de discriminación y de la imposibilidad de trabajar, el Estado tiene que dar un paso más. El desafío es cultural, pero el puntapié inicial lo tiene que dar el Estado. Estamos estableciendo un piso de dignidad', respaldó la iniciativa el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff.