Días atrás la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio a conocer los últimos datos del Registro Nacional de Femicidios de la Oficina de la Mujer: en 2020 fueron asesinadas 251 mujeres, una menos que en 2019, año en que hubo 252 femicidios. Una menos. 

"¡Ni una menos!", gritó la sociedad el 3 de junio de 2015, en una plaza del Congreso que desbordaba de gente, y lo mismo en cientos de plazas de todo el país. El asesinato de Chiara Páez, enterrada en el patio de la casa de su novio, con 14 años y un embarazo de semanas, fue el colmo después de una seguidilla intolerable de asesinatos de niñas y mujeres.

Con el reclamo masivo de Ni Una Menos, la violencia de género dejó de verse como un tema doméstico y pasó a considerarse un problema colectivo, social y cultural del que se habla. Pero ese avance no ha bajado la violencia. Sólo del último Ni Una Menos a hoy hubo al menos 238 femicidios, transfemicidios y travesticidios. También hubo 66 intentos de femicidio y 30 femicidios vinculados, 

Los datos son del Observatorio de las Violencias de Género 'Ahora Que Sí Nos Ven', que esta semana también dio a conocer las cifras de femicidios en el país desde el primer Ni Una Menos a este. Suman 1717 los femicidios, 1717 mujeres menos.

Del informe se desprenden detalles que se repiten año a año: El 64% de los femicidios fue cometido por parejas o ex parejas y ocurrió en la vivienda de la víctima; en 9 de cada 10 femicidios el agresor era un conocido; 290 de 1717 víctimas habían realizado al menos una denuncia y 163 tenían medidas de protección. Al menos 1523 niños y niñas se quedaron sin madre por los femicidios.

La inseguridad del hogar

El último año fue especial, con una pandemia mundial que obligó a cierres y encierros. El aislamiento trajo consecuencias inmediatas para las mujeres, como el aumento de las tareas de cuidado, porque pasaron a hacerse cargo de la crianza y todos los temas domésticos.

La violencia contra ellas se intensificó. Tanto el Observatorio Ahora Que Si Nos Ven (AQSNV) como el registro de la Corte marcan lo mismo: siete de cada diez mujeres fueron asesinadas en sus propias casas por parejas o ex, o por varones que conocían. El observatorio detalla que sólo 2,6% de los asesinos eran desconocidos.

Desde hace años se repite que el lugar más inseguro para las mujeres es su propio hogar. Por eso se reforzaron campañas desde organizaciones sociales y desde el Estado para que las mujeres pudieran denunciar situaciones de violencia durante el aislamiento.

La línea 144 de ayuda aumentó un 20 por ciento en promedio en cantidad de llamados, aunque hubo lugares que llegó al 50%. También se registró que el único delito que no bajó en el momento de aislamiento más duro fue el femicidio. Mientras los delitos en la vía pública bajaban como nunca, las violencias al interior del hogar siguieron como de costumbre. 

El registro de la Oficina de la Mujer identificó también que los domingos de 2020 fueron los días que se cometieron más femicidios. En promedio, un femicidio cada domingo. La mayoría entre la noche y la madrugada.

Desconfianza en la Justicia

Ambos marcan que casi dos de cada diez mujeres habían hecho alguna denuncia y que sólo una contaba con alguna medida de protección. El dato es significativo, demuestra la poca confianza que tienen las mujeres en la Justicia, y es que la sospecha tiene sus razones, denunciar no siempre protege.

Las historias de Ursula Bahillo en Rojas, Guadalupe Curual en Villa La Angostura, Paola Tacacho en Tucumán generaron alto grado de indignación e impotencia al constatar que hay operadores judiciales y jueces que minimizan denuncias y no actúan para frenar la violencia.

"La pandemia hizo que no subieran los femicidios, porque las restricciones por la circulación funcionaron como un obstáculo, pero por otro lado quedó en claro que el lugar más inseguro para las mujeres es su hogar. En 2019 el 60% de los femicidios fue en la casa de la víctima, y el año pasado subió a 65%", explica a Clarín Lara Andres, del Observatorio Ahora Que Si Nos ven.

También marca otro característica que dejó la pandemia: bajaron un 31% las denuncias de violencia ante la Justicia y un 20% las medidas de protección. "La baja en las denuncias muestra que las mujeres no se animaron a salir o no encontraron los canales de cómo hacerlo", explica.

Otro detalle: los agresores familiares pasaron de ser el 0,3 en 2019 al 2,1 en 2020. Tiene que ver con que muchas mujeres se vieron obligadas a convivir con familiares o vecinos que terminaron siendo sus agresores.

"Todos estos datos muestran que las mujeres están desprotegidas, y que hay una gran desconexión entre el Estado y el territorio, no hay articulación. Las mujeres no saben a dónde ir. Hay lugares donde se toman denuncias solo de lunes a viernes, en horario de oficina. Las mujeres deberían poder ser escuchadas las 24 horas -asegura Andrés-. Hay que seguir exigiendo la capacitación de las fuerzas de seguridad y de la Justicia. Para que las mujeres puedan salir del círculo de violencia deben tener información. Hoy existe el programa Acompañar, pero muchas personas ni lo conocen". 

Políticas públicas y prevención 

"La pandemia demostró que los millones de personas que se dedican al cuidado de las y los otros son lo más importante de cualquier sociedad. Y dentro de esos, las mujeres que realizan tareas de cuidado, ya sea en instituciones sociales o en sus propias casas. Son necesarias muchas más medidas de protección y justicia social hacia mujeres, trans, travestis, lesbianas y no binarias porque la pandemia nos mostró las injusticias propias del capitalismo y la dominación de género", asegura a Clarín el psiquiatra Enrique Stola.

Sobre los varones, dice Stola: "La pandemia nos ha mostrado que los Estados no tienen todavía fuertes políticas activas no sexistas hacia ellos. Recién hay esbozos de políticas en algunos lugares, pero necesitamos que todos los estados provinciales y el Estado Nacional desarrollen una fuerte política activa no sexista orientada a invitar y presionar a los varones para que rectifiquemos nuestras conductas que tanto dolor producen".

En esta misma línea de apuntar a la prevención, desde el proyecto Cerrando Brechas para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, organizaciones como ELA, OSIM y la Fundación ISALUD, publicaron una investigación sobre los costos que la violencia de parejas actuales y pasadas implica para el sistema sanitario y cómo invertir antes, además de prevenir violencia, ahorra dinero.

Sostiene: "Una atención sanitaria adecuada de las 161.618 mujeres que declararon haber vivido violencia doméstica durante 2018 de acuerdo con la Encuesta de la Ciudad de Buenos Aires hubiera generado un costo potencial total por mujer de $23.174 (U$S 808). De estas mujeres, el 66% padecía violencia psicológica moderada. El abordaje temprano del maltrato que configura violencia psicológica moderada (se le asignó un costo de $18.081) podría impedir la curva ascendente de violencia que se prolonga durante muchos años".

La conclusión: "La inversión temprana en servicios o instituciones que permitan la concurrencia de mujeres ante los primeros signos o identificación de la violencia, les permitiría contar con más posibilidades de romper el círculo de la violencia, y vivir una vida libre de violencias por razones de género".

Respuesta del Estado

"Los femicidios, travesticidios y transfemicidios son un fenómeno criminal complejo y estable, y obedecen a diferentes factores que tienen que ver con desigualdades y estereotipos culturales de género, sobre los que se basan las relaciones personales, sociales y de poder en nuestra sociedad. Es necesario llevar adelante transformaciones profundas, políticas públicas e intervenciones desde el Estado, y esto lleva tiempo", dice a Clarin Carolina Varsky, subsecretaria de Programas Especiales Contra las Violencias por Razones de Género del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.

"Nuestro país viene sosteniendo una tasa de femicidios estable y alta, por lo menos en los últimos años, y estimamos que antes también", asegura la funcionaria, que habla de las causas de la violencia: "Existe una desigualdad estructural de las mujeres y LGBTI+, en todos los ámbitos de su vida, en su autonomía económica, en la toma de decisiones, en las tareas de cuidados, y todas estas son condiciones para que se produzcan las situaciones de violencia, que tienen su expresión más extrema en los femicidios y sobre las que estamos ocupándonos a traves del Programa Acompañar".

Varsky asegura que "durante mucho tiempo se intervino sobre la problemática de manera fragmentaria y descoordinada". Y que ahora existe el Consejo Federal para la prevención y el abordaje de femicidios, travesticidios y transfemicidios, adherido al Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género y del Sistema Único de Registro de Denuncias por Violencia de Género, y que se está "federalizando y coordinando con las fuerzas policiales y poderes judiciales locales, vitales para el abordaje de estos hechos".

Y resalta la importancia del acceso a justicia: "Trabajamos reforzando las áreas de género en todos los municipios, teniendo en cuenta lo particular de cada territorio. También diseñamos un sistema de indicadores de riesgo para que frente a una situación de violencia se sepa el riesgo que implica para la persona que pide ayuda".

Un reclamo masivo es el cumplimiento de la Ley Micaela: la capacitación en género de todas las personas que forman parte de los tres poderes del Estado. El pedido es que se extienda a quienes cumplen otras tareas y profesiones, tanto del sector público como del privado. También que se cumpla con otra ley: la de Educación Sexual Integral.