Un escándalo político y sanitario se desató en San Andrés de Giles, la localidad bonaerense ubicada a poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, a raíz de una serie de vacunaciones irregulares. Quienes recibieron la primera dosis de la Sputnik V rusa fueron dos concejalas del oficialismo, Laura Branchini y Mariana Cané (Frente de Todos), y otras 20 personas que no forman parte del personal de salud, el grupo que se estipuló como prioritario para la etapa inicial de inoculación frente al coronavirus.
Desde la comuna que encabeza Carlos Puglelli admitieron que se inocularon 'personas no incluidas en esta etapa de la campaña de inmunización', aunque no brindaron más detalles. En tanto, la oposición acusó a las funcionarias de arbitrar 'los medios necesarios para obtener un beneficio personal'. 'No se cumplió con el protocolo correctamente, porque reconocen que se abrían los frascos sin tener a las personas presentes', denunció Mercedes Condesse, presidenta del bloque de concejales de Juntos por el Cambio.
'La Secretaría de Salud informa que a raíz de los sucesos de público conocimiento, en el día de hoy, luego de un exhaustivo análisis de la situación, y habiéndose detectado la vacunación por COVID-19 de personas no incluidas en esta etapa de la campaña de inmunización, se ordenó la sustanciación del sumario administrativo correspondiente a los fines del esclarecimiento de los hechos y la determinación de la responsabilidad de los agentes municipales involucrados', se afirmó en el escueto comunicado que el municipio publicó en sus redes sociales el martes pasado.
Por su parte, la oposición difundió su propio documento para expresar su 'más enérgico repudio, toda vez que en violación a los protocolos existentes y con total falta de respeto a los vecinos de nuestra ciudad, haciendo uso de su posición política arbitraron los medios necesarios tendientes a obtener un beneficio personal con la colocación de la vacuna'.
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