'El derecho a la salud y a la vida de 640 mil formoseños y formoseñas son bienes superiores en el marco de la pandemia', con este argumento, el gobernador de Formosa Gildo Insfrán le retrucó a la Corte Suprema. El jueves el máximo tribunal le ordenó el ingreso de las personas que estaban en la frontera y no podían volver a sus casas desde el inicio de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, aclaró: 'Somos respetuosos con las instituciones de la República y cumpliremos con el fallo'.

La Corte se expidió de esta manera ante un amparo colectivo presentado por damnificados por las limitaciones a la libre circulación de personas que impusieron las autoridades formoseñas, y que motivó -según estimaciones de la oficina argentina de Amnistía Internacional- que alrededor de 7500 personas quedaran varadas en el límite provincial sin poder ingresar a esa jurisdicción.

Según Isfrán, esta decisión 'impacta en una de las medidas sanitarias más estratégicas y más efectiva que hemos implementado hasta el momento'. Se refirió así al 'Programa de Ingreso Ordenado y Administrado', que estableció una serie de controles para la entrada de los formoseños que se encontraban en otros puntos del país, con la aceptación previa de ser trasladado a un Centro de Alojamiento Preventivo asignado, en un plazo a comunicar al interesado, entre otros requisitos.

'La Corte Suprema reconoció las facultades de la provincia de Formosa para establecer en nuestro territorio las medidas de prevención que consideremos adecuadas frente a la pandemia', aclaró el gobernador.