La investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman está virtualmente paralizada desde hace cuatro años y medio, cuando la Gendarmería Nacional -que dependía por entonces de la ministra de Seguridad de Cambiemos, Patricia Bullrich- dictaminó que el hombre que había denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner por encubrimiento de los iraníes acusados de volar la AMIA, había sido asesinado.

Desde entonces, para el juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano, hay identificado un solo responsable: el técnico informático Diego Lagomarsino, un singular empleado de la UFI AMIA que tributaba la mitad de su sueldo al fiscal y le proveyó el arma que acabó con su vida.

Lagomarsino es considerado partícipe necesario del supuesto homicidio ocurrido ocho años atrás, y en caso de ser condenado le correspondería pasar el resto de su vida en prisión. Pero hasta hoy no pasó ni un minuto preso.

Menos aún: la defensa de Lagomarsino, a cargo de los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, es la única que activa la investigación, con resultados negativos, por cierto.

Lagomarsino pidió la declaración testimonial de los gendarmes que firmaron el informe que habla de un homicidio, para confrontarlos con la que él supone es la realidad y demostrar que lo que suscribieron es imposible que hubiera ocurrido. Nunca le proveyeron la prueba.

También pidió la declaración del ingeniero José Luis Manzano, quien intervino en el peritaje realizado en el Departamento Técnico Científico del Cuerpo de Investigaciones Fiscal del Ministerio Público de Salta sobre las manos del cadáver de Nisman.