Chacabuco, 12 Mayo de 2021

A las autoridades municipales: Nos dirigimos al Sr. Intedente, en su doble carácter de jefe distrital y representante de nuestra comunidad frente a la autoridad provincial y nacional; y a nuestro Consejo Deliberante, en su carácter de poder legislativo de nuestro Municipio. Como padres y docentes, nos une la ferviente convicción de la imperiosa necesidad del retorno a las clases presenciales en nuestro distrito. Al inicio de las restricciones, y durante el transcurso de todo el año 2020, asumimos un rol de espectadores mientras las autoridades de todos los niveles tomaban medidas que postergaban el derecho a la educación para niños y jóvenes. 

El desconocimiento del comportamiento del virus y el contexto internacional al que se podía mirar de referencia indicaba que era imperioso aceptar un cierre total de actividades a los efectos de preparar el sistema sanitario para responder a los efectos de la pandemia. Esta estrategia de reforzamiento del sistema sanitario fue avalada por toda la comunidad educativa (padres, docentes, autoridades escolares y gremios) pese a que significó la perdida de un año lectivo completo (con sus consecuencias en todos los niveles educativos y hogares) En la sucesión de medidas dictadas la escuela quedó olvidada y los niños resultaron completamente postergados en el marco de una política de confinamiento estricto que desconoció sus derechos a la educación y a la socialización. Ninguna política pública puso el foco en un abordaje serio y adecuado para la niñez y la adolescencia, ni tuvo consideración por el 60% de los chicos de nuestro país que se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Nueve millones de niños quienes, además de tener sus necesidades básicas insatisfechas, hoy todavía no gozan siquiera del derecho humano de asistir a diario a la escuela. En las aulas, una gran parte de nuestros niños encuentran la contención que les permite compensar carencias y contrarrestar situaciones de abuso y violencia familiar. Los meses de confinamientos y escuelas cerradas ahondaron esa vulneración de derechos (según Unicef, la violencia intrafamiliar y/o sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes aumentó 23% en 2020). Recientemente nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación (interprete final de nuestra Constitución) ha establecido un limite claro al cierre de las escuelas. Nuestro máximo tribunal ha dicho 'debe realizarse un juicio de ponderación entre la máxima satisfacción posible del derecho a la educación y la protección de la salud en un contexto de emergencia sanitaria y dentro de un sistema reglado por el Estado de Derecho' y que el criterio que debe guiar dicho accionar es que 'El Estado no tiene facultades para limitar el derecho de una persona para ejercer su derecho a la educación, excepto cuando puede constituirse en una causa de daños a terceros (Art 19 CN), siempre que ello no signifique una afectación esencial del derecho, lo que ocurre cuando la medida es reiterada en el tiempo o implica una profundización irrazonable de las restricciones que impidan el acceso a la educación de calidad'. La OMS (Organización Mundial de la Salud – Fuente: https://www.who.int/) establece como criterio que la decisión de cerrar, cerrar parcialmente o reabrir las escuelas debe guiarse por un enfoque basado en los riesgos para maximizar los beneficios educativos, de bienestar y de salud para los estudiantes, el personal docente y auxiliar y la sociedad en general. Tomando en cuenta dicha definición, y contrastándola con la estadísticas de los casos positivos de Covid en las escuelas (0,12% de estudiantes matriculados y 0,79% de personal docente y no docente – Fuente: Plataforma Cuidar Escuelas del 05-04-2021 – Ministerio de Educación de la Nación) resulta imperioso el retorno a las clases presenciales, tomando en cuenta la ínfima y casi nula incidente de los contagios por Covid en el ámbito educativo. La problemática referida al movimiento de madres y padres que se genera al transportar hacia y desde los establecimientos educativos a nuestras hijas e hijos no tiene la misma incidencia en una localidad como la nuestra en la cual no se utilizan medios de transporte públicos, donde se genera la aglomeración de personas y los posibles focos de contagio. Esta problemática (pese a que consideramos que no aplica a nuestra ciudad) se puede resolver segmentando los horarios de concurrencia y salida de los establecimientos educativos, lo cual era cumplido ya en la mayoría de los establecimientos de nuestra ciudad.

Es evidente que el cierre de las escuelas en nuestra ciudad no supera el test de racionabilidad que nuestra Corte Suprema ha establecido como limite a la restricción del ejercicio del derecho a la educación. Un cierre de escuelas sin basamento en datos duros y objetivos es un cierre arbitrario que conculca uno de los derechos mas importantes de jerarquía constitucional y reconocido en los tratados internacionales firmados por nuestro país, el cual es el derecho de los niños y niñas a gozar de una educación integral que contemple tanto su salud fisica, mental y emocional. La ley 26.206 regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales incorporados a ella, conforme con las atribuciones conferidas al Honorable Congreso de la Nación en el artículo 75, incisos 17, 18, y 19, y de acuerdo con los principios que allí se establecen y los que esta ley determina. Dicha norma establece en el artículo 3 que la educación es una 'prioridad nacional' y se constituye en 'política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico – social de la Nación.' Nos comprometemos (tal como lo venimos haciendo) en el respeto y cumplimiento de todas y cada una de las normas y protocolos que sean necesarios implementar para que nuestros hijos e hijas retornen a las aulas. Por esas razones resulta injustificable que la escuela no esté disponible para recibir a los millones de Niños, Niñas y Adolescentes que la necesitan. En el camino de largos meses de virtualidad quedaron rezagados más de un millón y medio de alumnos, cuyos datos de recuperación aún se desconocen. Como padres, como docentes, y fundamentalmente como adultos, seguimos defendiendo la escuela y un acceso equitativo a la educación, porque ningún niño merece cargar con los errores de la gestión de la pandemia. Es necesario que se proceda a la inmediata reapertura de los establecimientos educativos en pos del cuidado y fortalecimiento de la salud mental de nuestros hijos e hijas. Cierres prolongados de escuelas afectan el bienestar de niños y adolescentes. Según la Sociedad Argentina de Pediatria 'la vuelta a las escuelas en la modalidad presencial es imprescindible' porque 'la escuela es fundamental para el desarrollo y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes no solo para la adquisición de conocimientos sino también para el fortalecimiento de aspectos emocionales y sociales, el cuidado de aspectos nutricionales, de la salud y la realización de la actividad física'.

Exhortamos a la comunidad educativa en general a que se sume a este reclamo y a la posibilidad de que nuestras hijas e hijos puedan ejercer su derecho a la educación. Sin salud no hay presente. Sin educación no hay futuro.

PADRES ORGANIZADOS DE CHACABUCO