Diecisiete trabajadores rurales, entre ellos ocho menores de edad, fueron rescatados de una estancia en la provincia de Santiago del Estero en la que eran sometidos a condiciones de semiesclavitud.Las fuentes dijeron que estas personas eran forzadas a desarrollar sus actividades con extensas jornadas laborales, salarios por debajo del convenio, falta de condiciones básicas de higiene y seguridad y un «entorno completamente degradante e inhumano».

Así lo confirmó el titular del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Asistencia y Protección a las Víctimas, dependiente de la Jefatura de Gabinete, Gustavo Vera.

Según explicó el funcionario, a partir de un informe de Renatre (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores), el domingo 28 de febrero pasado, por orden del Juzgado Federal Nº 2 de la provincia de Santiago del Estero, se procedió al allanamiento a la finca llamada «Cabras Argentinas», ubicada a 10 kilómetros de la Ciudad de Quimilí.

La estancia, de unas 13 mil hectáreas, tienen plantaciones de soja, maíz, sorgo y grandes espacios para la actividad de ganadería.

El allanamiento se concretó con el fin de rescatar a las víctimas de trata con fines de explotación laboral y secuestrar elementos que sirvan para la investigación judicial», explicó Vera.

Encabezados por personal de Gendarmería Nacional y secundados por personal del RENATRE, funcionarios del Comité de Lucha contra la Trata y la Secretaria de Minoridad y Familia de Desarrollo Social de Santiago del Estero, «se llevó adelante la manda judicial y se rescataron 17 trabajadores, de los cuales 8 eran menores de edad», detalló Vera.

Además, en el allanamiento «se constató lo que ya había advertido el Renatre: los trabajadores vivían extensas jornadas de trabajo que superaban el máximo legal permitido, salarios por debajo del convenio, falta de condiciones básicas de higienes y seguridad y un entorno completamente degradante e inhumano».

En el operativo conjunto, se pudo comprobar además que a los trabajadores rurales se les adeudaban varias semanas de pago y que lo que objetivamente recibían era menos de la mitad del salario mínimo, vital y móvil «por jornadas de desmonte que iban de sol a sol».

«Los trabajadores se cocinaban con leña y a la intemperie y dormían en carpas precarias entre alimañas. No contaban con agua potable y debían obtenerla de los bebederos de las vacas, a 3 kilómetros de donde trabajaban, en el sector de ganadería. Los menores estaban siendo también explotados y habían abandonado la escuela», añadió Vera.

Los trabajadores fueron rescatados y entrevistados por personal del Programa Nacional de Rescate de Personas y se comenzaron a arbitrar las medidas para asistir a las víctimas.

Por su parte, funcionarios del municipio de Quimili (Santiago del Estero), que habían avanzado en un convenio con el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y Protección a las Víctima, colaboró en cuestiones de transporte y logística para facilitar las tareas del personal que participaba del operativo judicial y el traslado de las víctimas.