El Gobierno implementa un aumento de tarifas de luz y gas, al aplicar nuevos valores mayoristas para el gas y la electricidad. A la vez redujo los topes máximos de consumos subsidiados para usuarios de ingresos bajos y medios (N2 y N3). La decisión podría implicar, según cálculos privados, nuevas subas de más de 100% en las boletas invernales de esos hogares.

Así, con cuatro resoluciones de la Secretaría de Energía, se inauguró el denominado período de transición, que irá de junio al 30 de noviembre, según fue establecido a fin de mayo mediante el decreto 465. El objetivo es dejar de lado el régimen de subsidios generalizados y reemplazarlo por uno 'focalizado en quienes lo requieren'.

El nuevo esquema establece que 'el costo del kilovatio por hora de energía eléctrica y metro cúbico de gas natural es idéntico para todos, y la asistencia que le brinda el Estado a los usuarios según su capacidad de pago y que alcanza hasta un límite de consumo mediante el reconocimiento de un pago menor (bonificación)', expuso Energía en un comunicado.

Todo consumo por encima de esos límites, cualquiera sea la categoría de usuario, se pagará al costo 'real'. En ese sentido, Energía fijó nuevo precio para el gas en el punto de ingreso al sistema (PIST) a US$3,30, por millón de BTU, un 20% más que el valor actual, pero por debajo de lo programado con anterioridad para mayo.

También estableció un alza de 28% en el precio mayorista de la energía eléctrica (PEST) hasta el 31 de julio, que pasa a $59.298 por Mwh (en el verano estaba en $46.018).

El impacto final de la decisión será de acuerdo al consumo y la zona y empezará a reflejarse en las boletas que lleguen para fines de julio, por los plazos de facturación. Se sumarán a las alzas ya cobradas, de 500% promedio. Según cálculos privados, los nuevos aumentos pueden llegar al 150% en algunos usuarios de clase media.

Todavía el Gobierno sigue sin aplicar las alzas por transporte y distribución tanto de gas como de electricidad, que debían comenzar en mayo y que fueron congeladas por decisión del ministro de Economía, Luis Caputo.