El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, confirmó este miércoles que el Congreso tratará una nueva ley de alquileres. La última ley, sancionada en el 2020, había sido duramente criticada por el sector inmobiliario y la oposición durante la campaña electoral, por haber provocado la suba en el valor de los alquileres y un retiro masivo de propiedades del mercado.

'Tenemos una deuda pendiente. En el Gobierno anterior el Congreso sancionó, no con mala fe sino buscando una solución a un problema, una ley que fracasó: la ley de alquileres, que pretendía asegurar a inquilinos y propietarios y terminó disminuyendo la oferta, además de generar incertidumbre y dificultades para el inquilino', dijo Massa este martes en el acto por el Día de la Construcción.

La declaración de el presidente de la Cámara baja es engañosa. La Ley de Alquileres fue sancionada en junio del año pasado, sin la presencia de la oposición, en el Senado. Apenas días después, el Gobierno promulgó la normativa que modificó las reglas de juego entre inquilinos y propietarios.

Sin embargo, la iniciativa había sido impulsada antes del cambio de Gobierno por funcionarios y legisladores de Cambiemos, y obtuvo media sanción en Diputados en noviembre del 2019.

'Tenemos que discutir una nueva ley de alquileres que le dé certeza al propietario y garantías al inquilino', dijo hoy Massa. La actual ley sigue siendo defendida por un sector del oficialismo y por las 'asociaciones' de inquilinos.

El titular de la Cámara de Diputados también afirmó que trabaja en coordinación con el Ministerio de Economía 'para que en los próximos meses tengamos esa ley que le de la posibilidad al ciudadano de acceder al crédito hipotecario'.

Los principales puntos de la ley de alquileres

La nueva norma extiende los contratos de alquiler de dos a tres años y señala, además, que la actualización del valor deberá ser anual y ya no semestral, como ocurre actualmente con la mayoría de los alquileres en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

La reforma amplía de dos a tres años el plazo mínimo de un contrato de alquiler de vivienda.

También dictamina que solo podrá hacerse un ajuste de precio por cada año y que el aumento será en función de un nuevo índice, que combinará en partes iguales el índice Ripte de salarios y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.

A su vez, establece, entre otros puntos, que solo se podrá pedir al inquilino, en concepto de depósito, el equivalente al monto del primer mes de alquiler. Tampoco se permitirá exigir pagarés ni ningún otro adicional.

El texto que salió de Diputados había reunido el respaldo de las agrupaciones de inquilinos y las inmobiliarias. Las representaciones del sector propietario también acompañaban la iniciativa.