El Gobierno pone en marcha desde este lunes el proceso para dejar atrás el congelamiento de las tarifas de los servicios concesionados de gas y energía eléctrica, que rige desde hace casi dos años. Se trata de lo que el Ejecutivo denomina 'aumentos de transición', en los que abandona la revisión tarifaria establecida en la gestión de Mauricio Macri -que estaba atada al dólar y la inflación- y prepara una renegociación en la que la fórmula esté relacionada con la capacidad de pago de los usuarios.

El primer paso en el proceso para el fin del congelamiento de tarifas se dará este lunes y martes, cuando se produzcan las dos audiencias públicas convocadas por el Enargas para definir los valores del fluido en el ingreso al sistema (boca de pozo) y los precios para el transporte y la distribución del gas natural por redes. La siguiente etapa se desarrollará el 29 y 30 de marzo, con las audiencias públicas convocadas por el ENRE para determinar el aumento que los usuarios finales tendrán para el servicio de energía eléctrica.

Los nuevos cuadros tarifarios de transición, un esquema que se estima puede extenderse hasta diciembre de 2022 según el decreto 1020/20 que habilitó la renegociación con las concesionarias, buscarán 'que las familias no tengan un ajuste brutal en el bolsillo', según indicó la interventora del ENRE, María Soledad Manin, en declaraciones a la radio AM1420 Con vos.

Si siguiera vigente el esquema de revisión aprobado por la gestión Macri, las tarifas de gas deberían haberse incrementando en 80% en octubre último y otro 130% desde el 1° de abril, mientras que la electricidad tendría que encarecerse 168% el mes próximo. Esa posibilidad fue rechazada de plano por el Gobierno e incluso el presidente Alberto Fernández, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, anticipó el envío de un proyecto de ley al Congreso para desdolarizar 'de una vez por todas las tarifas de los servicios públicos'.

Según pudo saber TN.com.ar, la iniciativa está siendo analizada por distintos sectores del Gobierno. Apunta a que el mecanismo de actualización -posterior a los de transición de este año-, estén relacionados con un porcentaje de los salarios. En ese sentido, se evalúa un índice similar al de la movilidad jubilatoria (que está atado a la evolución de los salarios del sector privado formal y la recaudación), y tal vez sumarle algún otro indicador.

A la vez se busca el diseño de aumentos diferenciales por capacidad de cada usuario. Es decir tarifa social para los que no pueden afrontar ningún aumento, incrementos menores para los asalariados y subas más fuertes para las clases altas. Ese esquema, defendido por Fernández, aparece como de muy difícil aplicación en el corto plazo por lo que las autoridades apuntaron al esquema de subas de transición con un porcentaje 'lo más bajo posible'.

Eso sería posible porque, por el decreto 1020 del 17 de diciembre pasado, los entes reguladores del gas y la electricidad están habilitados a negociar con las empresas prestadoras cuál será el incremento que se lleve a las audiencias públicas. Como paso previo a esa instancia, cada organismo regulador solicitó a las firmas del sector que presentaran sus propuestas de revisión tarifaria a fin de mantener la operación y garantizar el servicio. En gas, esas iniciativas ya están en poder del Enargas, en tanto las eléctricas estaban presentando sus trabajos en estos días ante el ENRE.

Los nuevos precios de la energía deben comenzar a regir el próximo 1° de abril, aunque varios especialistas consideran que sobre todo en el caso de la luz los tiempos entre las audiencias y los pasos para aprobar las alzas, se demore unos pocos días la entrada en vigencia. La intención, afirman en el Gobierno, es hacerlos previsibles y que el impacto sobre la inflación general y los bolsillos sea acotado.

Cuánto aumentará el gas

Este lunes, a las 10, se desarrollará de manera virtual la audiencia en la que se analizará el precio del gas natural en el ingreso al sistema (Pist), que suele representar el 40% del la factura final, y el porcentaje que asumirá el Estado en concepto de subsidios y lo que deberán afrontar los usuarios. Es que el Gobierno se comprometió a un precio a la salida de pozo para favorecer la producción en el marco del plan Gas 2020/2024. En esa audiencia hay 42 oradores inscriptos y estará presidida por subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Luz Videla Oporto, y moderada por la asesora legal de esa cartera, Verónica Tito.

En tanto, el martes a las 9 será el turno de la audiencia convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas, en la que se discutirá la evolución de las tarifas que se le reconocerán a las dos empresas de transporte de gas y a las 9 distribuidoras que abarcan todo el país.

Un informe técnico de la Secretaria de Energía que conduce Darío Martínez indicó que el Estado nacional absorbe 60% del costo total del gas natural, lo que en 2021 demandaría un costo fiscal de $132.963 millones y una necesidad de partidas de $56.087 millones no presupuestadas. Según diversos escenarios planteados por esa cartera para que no crezca el déficit fiscal debería darse un incremento tarifario de entre 26% y 35%.

No obstante, esos cálculos teóricos parecen lejanos a aplicarse tanto por el impacto que generarían en los bolsillos de los usuarios como en la coordinación de las expectativas macroeconómicas a las que apunta el Gobierno y en la que la inflación tiene un horizonte presupuestado de 29%. En ese orden, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo en varias oportunidades que el objetivo es que los salarios estén 3 o 4 puntos arriba de ese porcentaje, mientras el dólar se mueve al 24% o 25% y las tarifas también en ese escalón, o uno por debajo.

Para la audiencia de este martes, por su parte, hay unos 200 oradores inscriptos. Ahí se analizarán las propuestas de alzas tarifarias de las distribuidoras de gas natural de todo el país. Las firmas presentaron un ajuste en el componente de distribución sobre la base de algoritmo de cálculo del índice de precios internos al por mayor (IPIM), para el período de abril de 2019 y febrero de 2021. La variación resultante de la comparación de las distintas operadoras resultó de hasta 148,9%.

Ante la situación, las empresas presentaron sus propuestas alternativas de ajuste tarifario con aumento de los cargos fijos, o de los cargos variables o una combinación de ambas, que permitan abordar una tarifa de transición para 2021 y alineada a un impacto esperado en la economía de los hogares en torno a un 10%.

Las distribuidoras que participarán de la audiencia pública y que presentaron sus requerimientos son Gasnea, Redengas; Naturgy BAN, Gasnor, Gas del Centro, Gas Cuyana, Metrogas, Litoral, Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur. Lo propio hicieron las empresas de transporte del combustible (Transportadora Gas del Sur y Transportadora Gas del Norte), que elevaron pedidos de incrementos de hasta el 58%, con un impacto sensiblemente menor en la factura final de acuerdo a su ponderación. TGS propuso un incremento de transición de 58,6% y los correspondientes nuevos cuadros tarifarios resultantes para las distintas categorías de usuarios de acuerdo a su consumo mensual, y tomando como referencia un cliente de la distribuidora Metrogas, la más alejada de los centros de producción y con mayor impacto del transporte.

En el caso de TGN, la empresa propone un incremento en la tarifa local de transporte del 44,5%, y para ello toma como ejemplo el área de la distribuidora Gasnor, Subzona Tucumán, y el área de Metrogas en la Ciudad de Buenos Aires. La realización de las audiencias públicas tienen un carácter no vinculante para la decisión de incrementos tarifarios que se puedan adoptar, si bien su concreción resulta necesaria para poder llevar adelante los ajustes.

Cuánto aumentará la energía eléctrica

Para el 29 y 30 de marzo, por su parte, están convocadas las audiencias para definir los precios de la energía eléctrica. La interventora del ENRE, María Soledad Manin, llamó para ese lunes a la discusión sobre el ajuste de transición para las transportistas del sector de todo el país (Transener; Transba; Distrocuyo; Transnea; Transnoa; Transpa; Transco y Epen). Mientras el 30 desde las 8 será el turno de las distribuidoras Edenor y Edesur.

Las audiencias llegan luego de que Energía le quitó subsidios a grandes usuarios industriales y comerciales de electricidad, que derivaron en subas de 50% en las tarifas.

En declaraciones radiales de este fin de semana, Manin expuso que las empresas estaban terminando de presentar ante el ENRE los informes pedidos respecto de la situación económica de las empresas y de los incrementos que proponen para garantizar la operación y mantenimiento del servicio. La funcionaria indicó que se buscará el menor impacto posible en los bolsillos, dado que la electricidad no es el único servicio a descongelar en las próximas semanas.

Evitó dar cifras de posible suba, al sostener que están en proceso de recibir los pedidos de actualización tarifaria de las empresas y además encarando una negociación con las concesionarias a fin de intentar un acuerdo para llegar a la audiencia. Señaló que si no se llega a un entendimiento, el ENRE queda facultado a establecer una suba unilateral y remarcó que el objetivo es 'evitar que las familias tengan un ajuste fuerte en sus bolsillos, en momentos en que se apunta a la reactivación del consumo'.