Después del caso de Formosa, donde prácticamente la totalidad de los presos están vacunados, en la provincia de Chubut se resolvió inmunizar contra el coronavirus a un centenar de personas alojadas en distintas cárceles y unidades penales contra el coronavirus.

En un contexto de faltante de vacunas, la controversia estalló en los últimos días en la provincia que conduce el gobernador Mariano Arcioni porque, en el listado de los internos vacunados, había detenidos que no están considerados como parte de la población con factores de riesgo.

Entre los vacunados figuran nombres de personas acusadas o condenadas por delitos graves como asesinatos, femicidios y narcotráfico.

El pedido original había sido impulsado por la Oficina de Asistencia a Personas Privadas de la Libertad, que depende del Ministerio de la Defensa Pública de Chubut. Se trata de un organismo judicial independiente, y que había realizado un relevamiento donde se comprobó que unas 60 personas privadas de la libertad en Chubut integraban el grupo de riesgo sanitario y etario.

En ese marco, las autoridades judiciales solicitaron que ese grupo con comorbilidades reciba la vacunación contra la COVID-19. Sin embargo, según reveló el diario Jornada, se detectó que durante el operativo preventivo excedió los límites del pedido oficial y se aplicó la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca a jóvenes internos y otros detenidos sin factores de riesgo. Por ejemplo, 40 de los 53 vacunados en la Alcaidía Policial de Trelew y el Instituto Penitenciario y Provincial de Trelew tienen menos de 30 años.

El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, se desligó del operativo y advirtió que fue 'defensa pública' que 'nos intimó a vacunar en las unidades carcelarias'. 'Me impactó ver las fotos de las listas de los vacunados, vamos a hacer la presentación judicial', apuntó en una emisora local. Sin embargo, justificó el planteo judicial porque 'las condiciones de higiene y salubridad no son las convenientes' en las unidades penales. 'Un brote en una unidad carcelaria sería muy complejo para el sistema de salud como pasó en la Unidad 6 de Rawson y en la Unidad 14 de Esquel', reconoció el ministro en diálogo con Cadena Tiempo.

El Procurador General de la Provincia, Jorge Miquelarena, se mostró molesto con el hecho. A través de las redes sociales, difundió la noticia de los detenidos vacunados en las cárceles. Al igual que otros organismos judiciales, el funcionario había solicitado anteriormente vacunas contra el coronavirus para los fiscales y aquellos empleados que se desempeñan en el servicio de Asistencia a las víctimas de violencia.